Ni los obispos ni la Iglesia tienen por misión hacer política y, menos aún, campaña electoral. Sin embargo, esto es lo que se hizo en el acto presidido por el arzobispo de Madrid el pasado día 30 en la plaza de Colón de Madrid, apoyado por el papa Benedicto XVI y con una numerosa presencia episcopal. Los obispos utilizaron, para ello, el argumento de la familia, como viene siendo habitual en los últimos años. Pero lo que en realidad se hizo fue atacar al Gobierno de la nación y a las instituciones del Estado. Otra cosa es afirmar que "nuestro ordenamiento jurídico ha dado marcha atrás en los derechos humanos" (cardenal Rouco), que "nos dirigimos a la disolución de la democracia" (cardenal G. Gasco) o que "la sociedad española vive una gran amenaza social con legislaciones inicuas e injustas" (cardenal Cañizares).
A mi juicio, ninguna de las leyes sobre la familia y el matrimonio aprobadas por el Parlamento atenta contra los derechos humanos, sino que más bien los amplían y reconocen para todos los ciudadanos, eliminando cualquier discriminación por razones de sexo, religión, opinión política, discapacidad, etnia, etcétera. Es indignante que se utilice un espacio público para atacar a las instituciones públicas y al Estado de derecho.
